En el escenario político chileno actual, se vislumbra un punto de no retorno en la reforma constitucional que ha sido propuesta. La nueva Constitución ya no admite más ajustes, a diferencia de su predecesora, que aún tenía espacio para modificaciones. En este contexto, a los ciudadanos chilenos se les plantea una decisión crucial: aprobar o desaprobar la nueva carta magna que guiará el rumbo de la nación, o bien, proponer cambios a la Constitución del 80, originada en la época de Augusto Pinochet y modificada posteriormente por el expresidente Ricardo Lagos.
Quizás, la solución más sensata y equitativa sería considerar reformas constitucionales que permitan avanzar en una dirección que acomode a un espectro más amplio de la sociedad chilena. Esta idea es especialmente relevante y fue propuesta por Juan Carlos Hernández, un experimentado periodista con una vasta experiencia en la creación de constituciones, particularmente en el contexto peruano. Aunque las circunstancias en Chile difieren de las de Perú, comparten similitudes en la búsqueda de un proceso democrático más inclusivo.
Tanto la derecha como la izquierda en Chile tuvieron la oportunidad de contribuir a la creación de una Constitución democrática y sólida, que hubiera posicionado al país como un modelo ejemplar a nivel mundial. Sin embargo, dicha oportunidad pareció escaparse entre luchas partidistas y desacuerdos fundamentales.
En este punto, es necesario reflexionar sobre el papel de los ciudadanos en el proceso. En ocasiones, la población, influenciada por los medios de comunicación y sus preferencias partidistas, elige sus representantes políticos sin considerar el impacto que tiene una Constitución en sus vidas. Frases como “al final, el político se acomoda, y nosotros debemos seguir trabajando,” o “yo solo logro comer en mi casa si trabajo,” revelan un enfoque miope sobre la importancia de la política y la necesidad de una Constitución sólida.
El texto de la nueva Constitución propuesto para Chile exige una atención detenida. Algunos críticos argumentan que varios detalles en su redacción y contenido han sido manipulados, y que ha perdido la oportunidad de ser sometido a revisiones significativas. Se sostiene que los expertos se centraron más en las apariciones mediáticas y en presentarse como salvadores, en lugar de realizar las correcciones necesarias.
El daño, según esta perspectiva, ya está hecho, y el futuro de una democracia participativa, económica y sustentable en Chile está en manos de los ciudadanos. Es responsabilidad de todos aquellos que eligen a sus gobernantes y participan en procesos electorales entender la importancia fundamental de una Constitución acorde a los tiempos, que rija el destino del país y garantice los derechos y libertades de todos los ciudadanos. La atención y la participación activa en el proceso constitucional son esenciales para forjar un futuro democrático sólido y sostenible en Chile.
